La violencia contra las mujeres venezolanas se agrava cada vez más

El pasado jueves se realizó el segundo ciclo del foro “Las mujeres denunciamos ante la CEDAW” que organizan el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Asociación Cauce, Asociación Civil Ámbar,Voces Vitales Vitales, FEVA y CISFEM, en el marco del Mes de la mujer. Este ciclo parte de la redacción del Informe Alternativo que será presentado ante la CEDAW luego del silencio del Estado venezolano que no se reporta ante el comité desde 2014.

En esta ocasión las panelistas invitadas trataron el tema de la violencia de género en Venezuela. Se expuso la difícil situación y los riesgos que tienen las mujeres en el país de sufrir diferentes violaciones a sus derechos, no sólo relacionados al acoso y abuso, sino también el aumento de femicidios, los crímenes como la trata de mujeres, la situación de las privadas de libertad, de las migrantes y refugiadas, además de las trabas del sistema de justicia para hacerle frente a este fenómeno.

Margarita Rey, que es representante por Colombia ante el MESECVI, empezó el foro exponiendo cuáles son las dificultades de las mujeres para el acceso a la justicia. Comentó que este es uno de los principales desafíos para frenar la violencia de género porque los estereotipos y sesgos de género siguen siendo la norma en el continente. Ella fue enfática en hablar de la necesidad de un cambio en los sistemas judiciales y consideró que las reformas deben realizarse de manera integral y con perspectiva de género.

“El acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas”, recalcó Rey y aseguró que es vital la respuesta rápida de las autoridades ante los casos de violencia de género. Sobre esto dejó claro que es deber de los Estados firmantes de tratados internacionales en materia de erradicación de violencia de género: prevenir las violencias, investigar las denuncias, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Pero esto solo se puede asegurar siempre y cuando exista un sistema de justicia que lo impulse. Es por ello que reiteró la necesidad de un cambio a nivel judicial por uno que no siga estimulando la impunidad, uno de los principales factores que atenta contra las mujeres víctimas de violencia. De hecho, para cerrar su ponencia Rey sentenció: “la impunidad no sólo promueve la repetición crónica de las violaciones de los derechos contra las mujeres sino que adicionalmente las justifica y perpetúa los estereotipos de género que tanto daño nos han hecho”.

Suben los femicidios

Sobre el preocupante incremento de femicidios que se está dando en el país y la falta de atención por parte del Estado, habló María Cristina Parra, directora de Voces Vitales Venezuela y autora del capítulo de Violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia, del Informe Alternativo. Para sustentar mostró las cifras del año 2018: (110 femicidios según cifras de Cotejo.info); 2019 ( 167 femicidios según cifras del Monitor de Femicidios registrados en medios digitales de Aidé Zambrano) y 2020 (256 femicidios según el mismo monitor).

Parra informó que en Venezuela no hay un plan integral para combatir la violencia de género, que no hay protocolos para la investigación de femicidios, que no existen albergues para mujeres víctimas, ni servicios de atención legal y psicológica por parte del Estado, todos factores determinantes en la prevención de la violencia de género.

Asimismo dijo que las mujeres víctimas de violencia no logran acceder a recursos judiciales y que la respuesta por parte de los tribunales en materia es cada vez más deficiente: con procesos judiciales más largos, existen dilaciones indebidas, y una constante revictimización de las mujeres que denuncian, además del sobrecimientos de sus causas.

Sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) vigente en el país, indicó que no cuenta con un reglamento que unifique los procedimientos de atención a las víctimas, eso sin contar la falta de capacitación en género por parte de los funcionarios.

Las más vulnerables

Si la situación para las mujeres en general es difícil para las privadas de libertad es aún peor. Así lo expresó Magally Huggins, la tercera ponente del foro. Ella habló de las 1749 mujeres detenidas, cuyas condiciones de vida son degradantes y víctimas de la continua violacion de todos sus derechos.

Además del hacinamiento, la falta de atención médica, el escaso o nulo acceso a productos de gestión menstrual, la falta de agua potable, y la pésima alimentación; que afecta a todas las reclusas, Huggins destacó que la situación empeora aún más para las mujeres embarazadas o madres. A ellas no se les garantiza visitas médicas ni exámenes prenatales y se les restringe los traslados a centros de salud hasta la máxima gravedad al momento del parto. Otro de los aspectos que se reiteran, es la violación por parte de los custodios a las reclusas o “favores sexuales” a cambio de acceso a derechos o a traslados.

Y si alguien sabe cómo son las condiciones de las mujeres privadas de libertad es la jueza María de Lourdes Afiuni. Sobre su caso compartió Sonia Sgambatti, doctora en ciencias penales que ha seguido de cerca las humillaciones, injusticias y violaciones a los derechos a los que ha sido sometida Afiuni. En el capítulo del informe detalla todos los hechos.

Migración, explotación y trata de mujeres

La crisis humanitaria venezolana ha afectado de manera diferenciada a las mujeres, a quienes la calidad de vida se les ha deteriorado cada vez más en todos los aspectos: disminuyendo su capacidad de acceder a alimentación, sanidad, educación, seguridad, justicia, sexualidad, entre otras. Muchas han visto mermados sus salarios y oportunidades laborales, lo que las ha obligado a emigrar. Toda esta vulnerabilidad las ha hecho víctimas de redes de trata y explotación sexual.

Así lo afirmaron Yolima Arellano y Nury Pernía, las últimas ponentes del foro. Arellano habló sobre la situación el la zona andina, en donde la sociedad civil ha informado sobre el riesgo latente desde 2017 en el que se encuentran las mujeres que salen del país, a caer en patrones de trata y tráfico de personas, prostitución forzada, violaciones, embarazos no deseados, engaños con ofertas de trabajo de altos ingresos en divisas o traslados hacia la ciudad de destino con precios económicos. Muchas de las víctimas son jóvenes adolescentes desde los 14 años hasta los 25. Esta situación empeora al no poder conseguir un status migratorio legal. Como Venezuela no garantiza documentos de identidad como pasaportes o cédulas a las mujeres de menos recursos, se vuelven una presa fácil para este tipo de organizaciones delictivas.

Las mujeres que salen del país son desamparadas por el Estado venezolano y muy poco consideradas por los Estados receptores, quienes deberían de manera responsable atenderlos. El llamado es a que se impulsen políticas migratorias con perspectiva de género.